La gestión de la Integración I

El final del arraigo social, como vía para la regularización administrativa, esto es al menos lo que Rafael Hernando, portavoz del PP de inmigración en el Congreso de los diputados anunció hace un mes en la prensa, afirmación que no ha sido confirmada, pero tampoco ha sido negada. Eliminar el arraigo social como forma de consecución de la documentación para la estancia administrativamente legal en nuestro país, tiene muchas y diferentes consecuencias.

En España las dos formas más habituales de residencia legal es por la vía de la obtención de los permisos de residencia por trabajo o por arraigo social. No hay que ser muy ducho en la materia, para entender que conseguir en los tiempos que corren la residencia administrativa por la vía de un contrato de trabajo suena a imposible, especialmente cuando el paro afecta a más del 30% de la población activa inmigrante.

Así pues, el arraigo social es prácticamente la única oportunidad de regularizar su situación, y su desaparición la imposibilidad de la legalidad administrativa. Pero conviene desmontar prejuicios, o si lo preferimos les llamaremos mitos. En primer lugar, que exista el arraigo social no ha supuesto ningún efecto llamada, el único efecto llamada que ha habido en la última década el crecimiento económico de este País en las últimas décadas. En segundo lugar, la mano de obra y el aporte demográfico de la población inmigrante es y será necesaria para el desarrollo económico de España, y en tercer lugar, el primer paso para conseguir una un buen desarrollo social no puede ser dejar en el limbo administrativo a miles de personas en todo el estado español.

Entonces si tan graves son las consecuencias sociales, por qué el PP, ahora en el gobierno, plantea esta medida. pues por algo tan sencillo como el cálculo electoral, el PP no da puntada sin hilo, electoralmente hablando. En primer lugar, sabe que la población inmigrante no está articulada electoralmente, por lo tanto, su aportación a las urnas es mínima, en segundo lugar, la población autóctona no ha entendido o no se le ha explicado bien lo que supone la llegada de población extranjera durante los últimos años y los esfuerzos que debemos hacer todos para tener una mejor sociedad que redundará indefectible en un mayor bienestar y riqueza social.

Así pues lo bien cierto, es que esta iniciativa de llevarse a cabo, comporta muchos riesgos sociales, económicos, pero fundamentalmente afectará a los derechos humanos de miles de personas que viven con nosotros y que tan sólo quieren tener una vida mejor.

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